Ángeles y demonios

Saludos, futuros presos políticos. Hoy nos quitamos la mordaza para resumir la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a los «terroristas» implicados en el «ataque» al Parlamento de Cataluña.

 

SENTENCIA AUDIENCIA NACIONAL

He leído y escuchado por ahí verdaderos disparates de la prensa «seria» en relación a este caso. Como la sentencia es larga (71 folios, más 55 del voto particular de Grande-Marlaska), voy a haceros un corta-pega de algunas partes, quitando la morralla y organizándolo para que sea más digerible. Así podréis juzgar por vosotros mismos (aunque no me resisto a comentar alguna cosilla).

 

Las partes acusadoras fueron:

  • La Generalitat. Solicitaban tres años de prisión para todos los acusados (delito contra las Instituciones del Estado).
  • El Parlamento de Cataluña. También tres años.
  • El Ministerio Fiscal, que pedía cinco años y seis meses de prisión (añadía el delito de «atentado».
  • El sindicato Manos Limpias (no me gustan nada, pero hay que reconocer que sin su intervención —aparte de las pelotas que le ha echado el juez Castro— la infanta estaría mucho más tranquila, y quizá no se habría tenido que exiliar a Suiza). Los más duros. Pedían ocho años de prisión por la suma de todos los supuestos delitos, incluidos cuatro años por «atentado a la autoridad» y otro por «asociación ilícita».

 

Leyes que favorecen a los legisladores: casualidad

Pedir varios años de prisión por los hechos que nos ocupan es no tener la más ligera idea del significado de «proporcionalidad», y en el caso de los diputados afectados (a excepción de algunos de izquierdas, según las declaraciones de la sentencia que transcribiremos más adelante), de ser unos malnacidos. Yo me he puesto en situación, y jamás hubiera pedido que esas personas entraran en la cárcel, es más, habría tratado de impedirlo. Sin embargo, ahí tenemos la implacable actitud de estos diputados del Parlamento catalán, o de Barcina (otra que se libró de pagar por sus chanchullos gracias al aforamiento) cuando la tarta, o de los empresarios a los que no les ha temblado la mano para enviar a la cárcel, con la ayuda de una politizada justicia, a dos personas (Carlos Cano y Mari Carmen Bajo) que supuestamente les insultaron por no sumarse a la huelga general, aunque ahora, tal vez por la alarma social que ha suscitado esta injusticia, dicen que apoyan la petición de indulto; en cualquier caso, más vale tarde. Me parece que esta gente nació vacía por dentro.

Por supuesto, estas peticiones de prisión no se las han inventado las acusaciones. Se basan en el Código Penal, la mayoría en el artículo 498. Pero es que sus señorías hacen las leyes para su propio beneficio, y así se han apropiado hasta del refranero. Además de cumplirse para ellos que «el que parte y reparte se queda con la mejor parte», y este otro: «El que hace la ley, hace la trampa», han retorcido ambos hasta dejarlos en: «El que hace la ley, se queda con la mejor parte».

 

Grande-Marlaska menciona estos artículos de la Constitución:

 

«Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» (el famoso aforamiento).

 

Me cuesta mucho aceptar que los políticos tengan esta protección especial. Podría llegar a entender a quienes la defienden, pero no en esta España, con la justicia de garrafón que padecemos. En todo caso me lo plantearía si, a su vez, esa protección extraordinaria trajera consigo un agravante ante los delitos de los protegidos, si cuando un político roba cayera sobre él todo el peso de la ley, con más rigor que cuando el mangante es un carpintero o un taxista. Pero sabemos que es precisamente al contrario, que lo único que cae sobre ellos es una lluvia de pétalos de rosa que arrojan blandamente desde arriba sus amigos del Tribunal Supremo, mientras los beneficiados repiten (aguantándose la risa, supongo) que el aforamiento no es un privilegio. No, con esta ley del embudo no puedo admitir de buen grado que la legislación blinde a los políticos.

 
Viñeta El Roto, Tribunal de cuentas, corrupción
 

Criminaliza, que algo queda

Es de destacar la injusta generalización, cuando se trataba de «unas mil personas» las que se congregaron frente al Parlamento, y de estas, únicamente diez habrían actuado de manera contraria a la ley, según el juez conservador (según el progresista, sólo una). Diez de mil, un porcentaje ridículo, un uno por ciento, y sin embargo, ahí tenemos a nuestros políticos y tertulianos de derechas acusando a todos los participantes de la protesta, e incluso al 15M en su conjunto.

Y eso que hasta Grande-Marlaska, el juez que le gusta a la derecha, el que se ha opuesto a la absolución de los manifestantes, afirma:

 

«(…) conductas violentas suficientemente individualizadas, y no predicables de la gran mayoría que ejercitaba su derecho de manifestación y confrontación ideológica en límites razonables».

«(…) no se conjuga en el presente juicio jurídico enjuiciamiento del movimiento de “Indignados” o del “15M”, movimiento pacífico que mediante manifestaciones pacíficas pretendía un cambio real de la democracia».

 

Por este tipo de cosas decía en el artículo anterior que los colaboradores de Carlos Herrera que tanto elogiaban a Grande-Marlaska sin haberlo leído, quizá se precipitaron.

 
 

FRASES DESTACABLES DE LA SENTENCIA DE RAMÓN SÁEZ VALCÁRCEL

 

Ineptitud policial y política

    «La manifestación fue comunicada a la autoridad por las organizaciones que la convocaban (…) y publicitada por varios medios (…) La autoridad gubernativa no adoptó medida alguna para regular la manifestación».

    «En ningún momento se acotó un perímetro o se levantó un cordón policial para garantizar el tránsito por aquella vía».

    «(…) el dispositivo policial fue un desastre, porque no se les dio información ni ayuda» (diputado Boada Masoliver).

    «(…) se cerraron todas las puertas, salvo una, no por decisión de los manifestantes sino a causa del dispositivo policial, y solo se podía entrar a pie, así que la entrada se convirtió en una ratonera» (diputado López i Tena).

    «(…) En medio de la tensión ambiental que habían generado varias cargas policiales (…) fueron los propios manifestantes quienes protegieron a los parlamentarios frente a los más exaltados».

    «(…) le llamó la atención que la policía no interviniera, dada la tensión creada».

 

En el artículo que escribimos en el momento de los hechos (Periodismo Real Ya), acusábamos a la Policía y sus mandos de ineptitud y/o dejación de funciones consciente para tratar de perjudicar la imagen del movimiento 15M. Lo mismo que ocurrió en las Marchas de la Dignidad.

 

Retención irregular y reportaje fotográfico a la fuerza.

    «Seis de los acusados (…) comparecieron [voluntariamente] ante el juzgado de guardia de Barcelona el 6.10.2011 y se pusieron a disposición judicial, manifestando su oposición al reportaje fotográfico (…) Mientras permanecían en las dependencias judiciales, fueron detenidos por una unidad de la policía autonómica que los trasladó a Comisaría, donde fueron fotografiados —sin asistencia letrada—».

Sobre este asunto, Grande-Marlaska opina:

    «(…) no tratándose de una diligencia de reconocimiento propia y en esencia, no exigía la presencia letrada, sin perjuicio que su realidad fuera aconsejable en términos de proponer un derecho de defensa integral desde el primer momento».

 

Seguimos con el juez Sáez:

    «(…) el reportaje fotográfico era una diligencia de investigación innominada que no se encuentra recogida en la ley».

    «(…) la captación de imágenes se llevó a cabo por iniciativa de la policía, ya que hasta el momento de su detención no se había dictado resolución judicial alguna».

    «En algunos casos se les obligó a cambiar de aspecto externo, colocándoles gorras o prendas de vestir (camisetas), o a adoptar determinadas posturas y posiciones, según interesaba para su confrontación con las imágenes dubitadas».

    «(…) pudiera estimarse que afectaba a la dignidad de la persona (…) en la medida que reducía el cuerpo de los inculpados a la consideración de objeto a explorar y analizar (…) en conclusión, la recogida de imágenes y la obligatoria exposición de los cuerpos de los sospechosos a la pesquisa era una forma de cosificación, que representa, aunque se trate de una injerencia leve, una cierta degradación del ser humano».

Lo de obligar a la gente a dejarse fotografiar con las ropas que la policía diga, me ha recordado a este otro abuso en Can Vies.


 

    «El instructor del atestado, agente 2362, declaró en el juicio (…) que ignoraba quién había acordado «retener» a los abogados y a los periodistas que aguardaban en el lugar» (la técnica de la infanta; al agente le faltó decir que los habían retenido «por amor»).

    «(…) una medida cautelar que carecía de cobertura legal, ya que se adoptó sin identificar un fin que legitimara constitucionalmente la privación de libertad. Detención que ejecutaron agentes de policía, en funciones de policía judicial, sin motivación alguna que justificara la injerencia en el derecho a la libertad de personas que se hallaban a disposición judicial».

    «(…) la posible falta de una precisa cobertura legal carece de relevancia suficiente como para actuar la regla de exclusión probatoria de los documentos visuales obtenidos a partir de dicha diligencia».

Es decir, que a pesar de haber sido bastante irregular la toma de fotografías, las admite como prueba.

 

Pruebas refutables

    «Cuando la selección [de las imágenes] se hace de manera unilateral por los investigadores policiales, sin mediación judicial ni intervención de las partes, se está privando a las defensas de la posibilidad de contextualizar las imágenes incriminatorias en el relato fílmico. La elección de planos o imágenes no es una diligencia neutral, depende de la hipótesis de partida del observador; cualquier tarea de síntesis o de cita es una forma de manipulación del documento, porque otorga sentido y puede alterar la narración, de ahí que deba realizarse con posibilidad de actuación de la defensa».

Esto trae a la memoria lo que hicieron con las imágenes de Ceuta.

    «En el caso resulta que fue la propia policía la que obtuvo las grabaciones, las visionó y decidió cuáles eran útiles para la investigación del suceso y para la identificación de los autores. De hecho las imágenes que hemos contemplado en el juicio se encuentran en un deuvedé “recopilatorio” —impugnado por las defensas— que fue compuesto por los responsables de la investigación el 11. 9.2011; también las fotos fueron obtenidas de las filmaciones por los agentes policiales. Las defensas solicitaron (…) que se acreditara el origen de las grabaciones (…) que se identificara a sus autores y que se indagara acerca de su autenticidad y completitud. Se denegó la diligencia. En el juicio los responsables policiales de la investigación no ofrecieron dato alguno sobre los agentes que habían realizado la selección de secuencias y obtenido las instantáneas, algo que no consta, sorprendentemente, en el atestado (mossos 2362 y 4969 instructor y secretario, únicos identificados en las diligencias, a pesar de que, según dijeron, hubo muchos agentes implicados en las tareas).

    En la selección de imágenes no pudieron intervenir las defensas: fue un acto de investigación unilateral, sin mediación judicial, que pudo condicionar la prueba al recortarla y presentarla de manera sesgada, al no permitir a las defensas que incorporaran secuencias e imágenes que contuvieran elementos desincriminatorios o que permitieran poner en cuestión el relato ofrecido por los perseguidores.

    La importancia de la elección de unas imágenes y del descarte de otras no puede considerarse un tema menor (…) la persona 16 parecía que había dado con su mano izquierda en la espalda de un diputado, pero si se contemplaba otra imagen, no incorporada al anexo por decisión de quién seleccionó los documentos, que se corresponde con el momento inmediato posterior en la secuencia cronológica, se comprueba que la distancia entre ambos protagonistas hacía imposible que el gesto (…) hubiera sido producto de un contacto físico con el otro y que su motivación fuera agresiva».

    «(…) las fotografías que aparecen en el anexo 16 han sido seleccionadas (…) con criterios incriminatorios».

 

 


 

Declaraciones de los afectados

Los diputados de izquierdas, incluyendo a Montserrat Tura, la que salió peor parada (aquella a quien un tarado pintó el abrigo), renunciaron a exagerar en sus declaraciones. Además de la citada, podemos poner otros ejemplos:

 

    Joan Boada Masoliver:

    «No me sentí en peligro (…) En ningún momento me planteé no entrar al Parlament. Tampoco, al final, fue tan complicado».

    Ernest Maragall i Mira:

    «(…) no fui agredido (…) Añadió (…) que aquel día fue objeto de una presión —que calificó de legítima— para obtener de su parte una determinada conducta; los manifestantes trataban de que no entraran al Parlamento, pero no transgredieron las líneas rojas de la protesta, ya que solo había brazos levantados».

    Salvador Milá i Solsona:

    «(…) no observé ningún tipo de agresión o maltrato».

 

Sin embargo, los de derechas —que recibieron el mismo trato que los anteriores—, declararon que sintieron «miedo» (Figueres Alba), precisaron ansiolíticos (Marcos i Vilar) —esta señora manifestó que estuvo con miedo «seis meses»—, etc.

 

¿Anticonstitucional?

    «(…) la protesta suponía la defensa de la Constitución y de sus contenidos básicos. No trataban de cambiar el marco de relaciones jurídico-políticas, sino plantear que se estaba operando un vaciamiento de los derechos fundamentales».

 
 

Los párrafos que más han alterado a la derecha mediática: sobre la libertad y el periodismo

    «(…) la doctrina constitucional ha puesto de relieve que para muchos grupos sociales el derecho de manifestación es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones (…) la posibilidad de las personas de hacerse oír, del acceso ciudadano al espacio público —delimitado y controlado por los medios de comunicación, en manos privadas, o, pocos, de titularidad estatal pero gestionados con criterios partidistas— y de la sistemática marginación de las voces críticas de minorías o de sectores sociales débiles. La realidad pone de manifiesto la invisibilidad de ciertas realidades dramáticas por la dificultad, cuando no, en muchos casos, de la más absoluta imposibilidad de quienes las sufren de acceder a la opinión pública para difundir y hacer llegar sus proclamas y opiniones. Para muchos sectores sociales la reunión y la manifestación es el único medio por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, el único espacio en el que puede ejercer su libertad de palabra. De ahí su importancia en la sociedad democrática.

    (…) la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación, íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa, gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan “de un amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin (…) timidez ni temor” (…) Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar».

 

Este párrafo ha dejado a muchos echando espumarajos por la boca, y sin embargo, no veo nada fuera de tono en lo que afirma el juez. No sé vosotros, yo lo suscribiría. Pero es que Grande-Marlaska (me río cada vez que me acuerdo de los que decían los colaboradores de Herrera) indica:

    «(…) no puedo más que compartir y hacer propio el excelente estudio jurídico realizado en la sentencia sobre el alcance de los derechos fundamentales en confrontación, y en concreto todo lo relativo al derecho de manifestación y libertad de expresión, así como un alcance específico para aquéllos grupos de ciudadanos ajenos a los medios de comunicación, y cuya participación política debe arbitrarse y empoderarse».

 

Los «indignados» mataron un abrigo

Además del párrafo anterior sobre la libertad de expresión y el periodismo, que tanto les ha escocido a los medios de derechas en general y a los herreros en particular, otro asunto que les tiene muy indignados es el de Montserrat Tura, la diputada a la que un tontuzo le manchó el abrigo con grafiti. Se ha repetido que le pintaron una «esvástica» en la espalda, pero no es verdad: le pintaron una cruz, un aspa (en la sentencia se habla de «dos trazos negros»). Pero por exagerar que no quede.

En el programa de Herrera en la onda del que hablamos el lunes, un tertuliano se quejaba: «Decir que eso [pintar el abrigo] no constituye ni falta ni delito…». Y sin embargo, el juez no ha dicho tal cosa. Han absuelto a diecinueve de los veinte acusados. El que hace veinte, el condenado por una falta (qué nivel periodístico), es el que pintó el abrigo. Su sentencia ha sido suave, entre otras cosas porque la afectada (de izquierdas) «ni siquiera reclamó el valor de la reparación». Si llega a ser de CiU o del PP, igual al del grafiti lo enchironan.

Y una vez más, Grande-Marlaska, al que tanto defendían los de Herrera, el «duro», ¡hubiera hecho lo mismo! Atentos:

 

«Comparto la condena de José María Vázquez Moreno [el tontuzo] como autor de una falta de daños».

 

El voto particular del juez Grande-Marlaska

Ya dijimos el lunes que Grande-Marlaska tampoco hubiera enviado a nadie a prisión. Aaaay, tertulianos, tertulianos…

Eso sí, habiendo leído a ambos magistrados, Ramón Sáez, el «juez antisistema» (así le llama la caverna), y Grande-Marlaska, entiendo que prefieran a este último, y no sólo por sus ideas conservadoras. Es políticamente correcto, más sumiso. Por ejemplo, aunque pueda parecer sólo un detalle sin importancia, utiliza cincuenta veces el término «honorable» para referirse a los diputados. Y no es una forma de hablar: cincuenta veces en sólo cincuenta y cuatro folios. También se refiere al cargo de Artur Mas en estos términos: «tan alta dignidad».

No obstante, de la lectura de su voto particular se desprende que Grande-Marlaska es bastante más sensato que los tertulianos que le aplauden sin haberle leído.

 

Música: El momento de hacer, de Grande-Marlaska

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5 sin mordaza

  1. Saludos honorable futuro preso político. Una duda: ¿A que llamas prensa seria? ¿Consideras, no se, a la COPE un medio serio? ¿Por?

    Responder
  2. Hola Salva,
    me alegra mucho que la sentencia haya sido absolutoria, aunque en muchas partes estoy más de acuerdo con Grande-Marlaska.
    Por cierto y con respecto a él, me hace mucha gracia que algunos le llamen el «juez de derechas», ¿de derechas?, ¿seguro?, ¿no será que no trata de parecer un izquierdeta a toda costa y que procura aplicar la ley de la forma más coherente?. En fin, siento bastante admiración por él y reconozco que no puedo ser nada objetiva. No olvidemos que los traviesillos del Parlament también se estaban fumando los porretes, con toda la cara (se ve que es otra forma más de protestar contra los recortes), en las dependencias de la Audiencia Nacional y Grande-Marlaska les llamó la atención con toda la educación del mundo; estos comportamientos, y otros de él, no me hacen pensar precisamente en un derechón fascistoide.
    Con respecto a Herrerita y Cía, poco hay que comentar, porque se comenta por sí solo. Él y sus contertulios tienen una determinada linea de pensamiento, dentro de la cual esas manifestaciones son totalmente coherentes. Yo no esperaba otra cosa.
    De todo este incidente solo me queda una pregunta para la mayoría de «Sus Señorías» catalanas: de lo que les oímos decir todos los días a gran parte de ellas, deducimos que su auténtico parlamento es el Parlament de Catalunya, el único que consideran válido y legitimado, porque en sus cabecitas ya viven en un país distinto a España y con normas propias; de la misma forma, se supone que un territorio que desobedece continuamente las normas impuestas por la ley que rige a todo el Estado no tendrá en la menor consideración a ningún organismo que represente al Estado en su conjunto. Siendo esto así ¿me pueden explicar qué co…hacen pididendo justicia a la Audiencia Nacional?.
    Si cuando yo te digo…

    Responder
    1. ¡Hola, Bea!

      Bueno, no tiremos las campanas al vuelo, que todavía queda el recurso.

      No estoy en su cabeza, pero parece bastante claro que Grande-Marlaska es de derechas. Por ejemplo: (noticia) La propia derecha mediática, no sólo por este caso, lo trata como a uno de los suyos.
      Ahora, que eso no quita para que sea un excelente juez: una cosa es ser de derechas, perfectamente legítimo (aunque a menudo me tendrán enfrente), y otra ser un talibán reaccionario como algunos tertulianos.

      Pues fíjate, a mí en cambio lo de los porros no me acabó de gustar, me pareció una actuación de cara a la galería, quizá para dar una imagen de los acusados acorde con la que la derecha espera: fumetas antisistema, perroflautas, gentuza.
      Creo que, si era verdad, se lo podría haber recriminado en privado a sus abogados para que les trasladaran el aviso a sus clientes.

      Lo de algunos con Cataluña es una esquizofrenia muy gorda… Y lo que nos queda.

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